UCJC, Católica de Ávila y Alfonso X el Sabio; las universidades menos transparentes de España

En septiembre de 2012 se publicó la primera edición del ‘Informe de transparencia voluntaria en la web de las universidades españolas’, un examen realizado por la Fundación Compromiso y Transparencia que analizaba el nivel de información que los centros de educación superior españoles ofrecen de manera pública. Desde entonces, la situación ha mejorado sensiblemente. Si en aquel primer año no había ninguna universidad que cumpliese todos los criterios para ser considerada transparente, en esta ocasión el porcentaje asciende hasta el 55%. Una tendencia que prolonga la del año pasado.

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Lo que la edición de este año muestra es que, si bien muchos de los centros públicos han cambiado sus políticas para encajar en dicha definición, no se puede decir lo mismo de los privados. “El caso de las universidades privadas dista aún mucho de los buenos resultados cosechados por las públicas”, recuerdan en el informe sus autores, Javier Martín Cavanna, director ejecutivo de la Fundación, y Esther Barrio. En la presente edición, de las 26 universidades privadas analizadas, tan solo tres pueden clasificarse como transparentes. En la edición de 2013, la primera en la que se analizaron, todas eran opacas.

La situación es muy diferente en los centros públicos, donde se ha mejorado sensiblemente. De las 49 universidades que componen la muestra, 26 son calificadas como transparentes, y hasta un 80% de ellas satisfacen el 75% de los indicadores del informe. Los autores recuerdan que esta diferencia no se traduce en, simplemente, “colgar información”, sino en que “esta cada vez tenga más calidad, sea más relevante y que a la hora de comunicarla sea comprensible para todos”. La Fundación recuerda que, sin su participación activa a través de este informe, es probable que nunca se hubiesen alcanzado dichos objetivos.

Tan solo hay dos universidades públicas consideradas opacas en el informe, la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Oviedo

Estamos convencidos de que nuestro informe ha servido de incentivo para que las universidades aumenten la transparencia de su información en la web y consideren la necesidad de rendir cuentas a través de este canal”, recuerdan los autores. Tan solo hay dos universidades públicas consideradas opacas en el informe, la Universidad Politécnica de Valencia (14) y la Universidad de Oviedo (12). En cuanto a las privadas, a la cola se sitúan la Camilo José Cela (4), la Católica de Ávila (5) y la Alfonso X el Sabio (5). Sin embargo, son 26 los centros públicos transparentes, con la Universidad de Cantabria a la cabeza (27). Le siguen la de Castilla La-Mancha, Córdoba, Jaén, La Rioja, Pompeu Fabra y Rey Juan Carlos. Entre las privadas, destacan la Vic-Central de Cataluyna (27), Nebrija (22) y la de Navarra (21) como las tres más transparentes.

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¿En qué destacan?

Las universidades públicas han mejorado en todos los criterios a lo largo de los últimos seis años, salvo en uno, el gobierno. La razón, recuerdan los autores, es la incorporación de un nuevo indicador relacionado con la publicación de actas, que ha provocado que descienda el porcentaje. En este apartado, no obstante, destaca sensiblemente la Universidad Pompeu Fabra que, según el documento, “informa de manera muy clara de los órdenes del día, acuerdos y calendario de sesiones de sus órganos de gobierno”.

La situación es muy diferente en los centros privados, donde algunos incluso han obtenido peores puntuaciones que el pasado año. “Otras universidades que en otras ediciones presentaban altos índices de cumplimiento, en este informe han empeorado al no publicar la información de forma íntegra o actualizada, dos de las condiciones necesarias para darla por buena”, recuerdan los autores. Estas, por lo general, han mejorado en la mayoría los criterios, pero a un ritmo mucho más lento que en las públicas. Una de sus asignaturas pendientes es la información económica, especialmente en lo que se refiere a su presupuesto. Tan solo Vic-Central de Catalunya publica todo lo exigido.

En otros casos, universidades como Deusto, Navarra, Mondragón y Nebrija tan solo desvelan una escueta información sobre ingresos y gastos. El informe lamenta especialmente el caso de Mondragón, que publican sus estados financieros “solo en euskera”. Resulta llamativo que las privadas apenas alcancen un 47% en los criterios de oferta y demanda académica (frente al 77% de las públicas). Aunque hayan llegado a un 100% en lo que respecta a titulaciones (por razones obvias), en muchos casos, estos centros no presentan información actualizada al presente curso. Y, en algunos casos, han eliminado dicha información, como ocurre con las de San Antonio de Murcia, Navarra, CEU Cardenal Herrera, Internacional de La Rioja y San Jorge.

Las privadas publican menos información sobre la empleabilidad de sus egresados, así como sobre los resultados de la actividad investigadoraOtro criterio llamativo es el de los resultados. Una vez más, las públicas ascienden hasta el 76% (desde el 29% del año 2011) –especialmente destacado en lo que se refiere a la posición en ‘rankings’ y empleabilidad–, pero las privadas se quedan en un 56% (desde el 21%, y dos por debajo del año pasado). Esto se debe a la disminución en la información que publican sobre la empleabilidad de sus egresados, así como a la relativa a los resultados de la actividad investigadora. Cabe preguntarse, por lo tanto, si muchos de estos centros no ocultarán dicha información al considerar que puede resultarles comercialmente negativa y, por lo tanto, carecer de incentivos para hacerlo.

¿Cuál es el futuro?

El informe de este año plantea por primera vez una clara separación entre los centros públicos y los privados en cuestión de transparencia. Mientras unos acatan los criterios, los otros parecen más reacios a hacerlo. Las recomendaciones del Tribunal de Cuentas en sus informes sobre fiscalización de las universidades públicas, así como un mayor escrutinio de las actividades de estos centros tras la crisis, pueden haber sido determinantes a la ahora de “ponerse las pilas”, especialmente en lo que se refiere a gobernanza. Como señala el informe, “lo que el Tribunal está poniendo de manifiesto es que existe una falta de control interno importante en los centros universitarios debido a la complejidad de la estructura de gobernanza actual”.

De ahí que la próxima edición del informe no analizará los centros públicos, sino tan solo los privados, ya que se dedicará ese tiempo a seleccionar unos nuevos indicadores que formen parte de una segunda etapa del informe. “El nivel alcanzado por las universidades públicas nos ha movido a otorgarnos un plazo de un año para elaborar nuevos indicadores de transparencia y buen gobierno que contribuyan a elevar la calidad de la información proporcionada por las universidades”, recuerda el informe. Estos se centrarán, ante todo, en gobernanza, resultados e información económica.

Las privadas, que parecen estar quedándose atrás, seguirán siendo analizadas como hasta la fecha. El informe, no obstante, valora positivamente los esfuerzos que la Universidad Internacional de Catalunya ha realizado para seguir los pasos de otros centros como Vic-Central de Catalunya, Nebrija y Navarra en sus buenas prácticas a la hora de proporcionar información útil. Es el gran reto por delante de la universidad española en cuestión de transparencia: que los centros privados estén a la altura de los públicos a la hora de comprometerse con la publicación de los datos que sus profesionales, el sector, los estudiantes y la sociedad en su conjunto tienen derecho a conocer.

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